Buscamos dar respuesta a las demandas de poblaciones históricamente marginadas y excluidas del acceso a la justicia, somos los responsables de la gestión, implementación y coordinación de planes, proyectos y programas referidos a la inclusión y acceso a la justicia de la población en situación de vulnerabilidad.
A partir de mayo de 2022, con el inicio de una nueva gestión institucional, consideramos la importancia de revisar y actualizar la Política de Inclusión para la Atención y Acceso a la Justicia de Grupos Poblacionales en Situación de Vulnerabilidad, orientada a garantizar el respeto de sus derechos humanos y dignidad personal, de cara a los desafíos en la prestación del servicio y la atención de dichas poblaciones y la necesidad de brindar respuestas que atiendan al Plan Estratégico Institucional, los valores institucionales y la visión del Procurador General.
Lo anterior dio como resultado, en diciembre 2022, la aprobación de la Política de Inclusión y Acceso a la Justicia Dirigida a Población en Situación de Vulnerabilidad de la PGR, una versión que incorpora nuevos ejes de atención a fin de garantizarle el acceso a la justicia a otras poblaciones que no estaban contempladas en la primera versión, pero que también demanda una atención desde los enfoques de derechos humanos, género e inclusión social.
Asimismo, en febrero del presente año, se aprobó el Protocolo de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad, con el propósito de brindar las herramientas y técnicas a nuestro personal, para garantizar las condiciones de acceso ágil y efectivo a la justicia a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Diseñamos, gestionamos y supervisamos políticas y estrategias de trabajo, tanto internas como interinstitucionales, para promover el acceso a la justicia de nuestra población usuaria, desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y no discriminación.
Planteamos, proponemos respuestas y acciones que mejoren la calidad de los servicios para poblaciones en situación de vulnerabilidad, que lo soliciten:
Proporcionamos atención a familias, personas o grupos comunitarios, que son o corren el riesgo de ser víctimas de la violencia generalizada y otros factores de índole natural que pueden ser factores de movilidad. Contamos con un equipo de profesionales en psicología, trabajo social, educación y derecho, para que de manera integral y especializada faciliten el acceso a la justicia a población en condición de vulnerabilidad afectada por los desplazamientos internos; asimismo, atendemos a la población retornada con necesidades de protección.
Contribuimos a garantizar los derechos humanos de las personas o grupos familiares, mediante la atención y asistencia de las víctimas de desplazamiento forzado interno, para darles soluciones duraderas mediante una atención diferenciada, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, en el marco de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno y de los principios rectores sobre desplazamiento forzado de las Naciones Unidas.
Según la Ley Orgánica de la PGR, Art. 59, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno dependerá jerárquicamente de la Procuraduría Adjunta Especializada de Atención a Víctimas y Población en Situación de Vulnerabilidad y tendrá por finalidad identificar, atender y proponer soluciones duraderas a las víctimas de desplazamiento forzado interno que soliciten la asistencia de la Institución.
